Deberán aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento durante seis meses.
La Secretaría de Industria y Comercio y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), ante ciertos indicios de un acuerdo colusivo entre las prepagas, dictó una medida de tutela anticipada en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia con el fin de evitar que se produzca un daño al régimen de competencia.
“Por disposición del Ministerio de Economía un grupo de empresas de medicina privada, que representa cerca del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada por IPC a partir de allí”, anunció este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni.
En concreto, la medida retrotrae los aumentos operados a diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento. Ese tope rige, en principio, durante los próximos seis meses.
Además, prohíbe cualquier intercambio de información competitivamente sensible entre las empresas de medicina prepaga investigadas y la cámara que las aglutina y aclara que, en el caso de los clientes dados de alta luego de diciembre de 2023, el ajuste debe realizarse teniendo como base un plan similar al contratado.
Desde el Gobierno remarcaron que la devolución de los aumentos por la diferencia entre la inflación y lo efectivamente cobrado por las empresas no está dentro del ámbito de facultades de la Secretaría de Industria y Comercio.
“Eventualmente, puede impactar en el cálculo de la multa, de comprobarse que la práctica efectivamente se produjo”, agregaron.
Las compañías alcanzadas por la medida son Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios, y la Unión Argentina de Salud (UAS), la confederación que las agrupa.
Las prepagas pueden sufrir multas
La resolución fue adoptada por la Secretaría de Industria y Comercio, por recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La investigación la lleva adelante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
La investigación, según informó el Gobierno, se encuentra en curso, la prueba es aún preliminar, pero existen declaraciones, un paralelismo y simultaneidad de los aumentos aplicados y otros indicios de cartelización que el dictamen de la CNDC desarrolla en detalle.
Concluida la investigación y acreditada de manera independiente que la práctica colusiva se produjo, esta infracción puede importar una sanción de multa de hasta el 30% de la facturación de las empresas infractoras, o hasta el doble del beneficio ilícitamente obtenido por la maniobra.
Habrá presentación judicial
Incluso, este miércoles el Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, solicitará una medida cautelar con el objetivo de frenar los aumentos de precios y lograr que se los valores se retrotraigan.
Entre los fundamentos, el organismo asegura que las compañías, “valiéndose de su posición dominante, aumentaron las cuotas por encima del 70% del índice de inflación durante los últimos cuatro meses”.
“Esto significa que hubo abuso de precios por posición dominante”, indica la presentación.
Asimismo, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que la Superintendencia mencionada pretende que las prepagas devuelvan a sus afiliados la diferencia entre los aumentos que aplicaron y los que deben aplicar a partir de la decisión oficial.
“La Superintendencia no controla más los precios, pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos”, resaltó Adorni.
“Si no hubo cartelización, lo demostrarán y, en tal caso, la Justicia o quienes llevan adelante la investigación en la parte administrativa tomarán el camino que deban tomar.
Al haber presunción, hay elementos que así lo determinan. Todo lo demás que pueda decir no nos implica nada”, añadió el vocero.
Se estima que la inflación de abril será del 10%, y tomando en cuenta que las cuotas de la medicina prepaga se incrementaron en promedio un 151% desde diciembre, la medida logrará reducir la cuota de las prepagas en un 33%.
Raíz del conflicto
El conflicto con las empresas del mencionado rubro había comenzado hace unos días luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, asegurara que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media” con los aumentos desmedidos.
El titular de Haciendo había señalado también que desde el Gobierno iban a hacer “todo lo que esté al alcance” para defender a ese sector de la población: incluso, se deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia.
La semana pasada, la administración nacional le había pedido informes a las prepagas con información sobre prestaciones y costos. Los números que incluiría en esta acusación están elaborados a partir de los aumentos de cinco de ellas. En un cuadro analiza que registraron subas entre enero y abril que oscilan entre 142,7% y 163,9%.
Al desgranar esa información, se observa que en enero las variaciones en las cuotas de esas cinco empresas habrían fluctuado entre 39,8% y 44%; en febrero, entre 27,5% y 29,4%; en marzo, entre 19% y 22,9%; y en abril, entre 14% y 18,9%.
Hay que recordar además que, en medio de un fuerte enfrentamiento con el Gobierno por acusaciones de cartelización, el titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, renunció a la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), la entidad que nuclea a las empresas de medicina privada más importantes del país.
En su renuncia, Belocopitt aseguró que el objetivo fue “priorizar los canales de diálogo” considerando que el debate alrededor de su persona “sea obstáculo para lograr posiciones superadoras”, según explicó a través de un comunicado.