La iniciativa establece una fórmula uniforme para los juicios en trámite, con tasa pasiva del BCRA y un tope atado al IPC más 3% anual.
El artículo 55 del proyecto de modernización laboral busca establecer un criterio uniforme para la actualización de créditos derivados de relaciones individuales de trabajo que se encuentren en trámite y sin sentencia definitiva al momento de entrada en vigencia de la ley, incluidos recursos pendientes.
La norma dispone la aplicación de intereses moratorios conforme a la tasa pasiva que determine el Banco Central para cada período. No obstante, fija un límite: el resultado no podrá superar el capital histórico ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa del 3% anual.
A su vez, se instaura un piso, ya que el monto final no podrá ser inferior al 67% del cálculo efectuado bajo la fórmula de IPC más 3%. El artículo reviste carácter de orden público y dispone que deberá ser aplicado de oficio por los jueces o por la autoridad administrativa, aun cuando no medie petición de parte.